Una situación legal protagonizada por Jessica Simpson, una mujer transgénero canadiense anteriormente conocida como Jessica Yaniv, ha generado una intensa controversia en los últimos años, especialmente en torno al acceso a la atención médica y los límites profesionales de quienes la brindan. Todo comenzó con una serie de denuncias que desencadenaron un profundo debate sobre los derechos individuales, las regulaciones del sector salud y los estándares de los servicios personales.
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La historia cobró notoriedad en 2018, cuando Simpson, quien reside en Langley, Columbia Británica, presentó varias quejas formales contra esteticistas que se negaron a realizarle un tratamiento de depilación íntima. Simpson, de 37 años, solicitaba un procedimiento comúnmente llamado depilación brasileña, que habitualmente está destinado a personas con anatomía femenina. Sin embargo, dado que ella no se había sometido a cirugía de reasignación genital, el tratamiento solicitado requería una técnica diferente, para la cual las profesionales no estaban capacitadas.
Las denuncias presentadas por Simpson incluían reclamos de hasta 15.000 dólares canadienses por daños y perjuicios a cada esteticista. No obstante, en 2019, el tribunal de derechos humanos falló en su contra, concluyendo que las acusaciones no eran fundadas. El veredicto obligó a Simpson a compensar económicamente a tres de las profesionales afectadas. Además, el fallo señaló que Simpson había mostrado una actitud discriminatoria hacia ciertos grupos culturales y religiosos, lo que agravó la percepción pública sobre el caso.
Varias de las esteticistas implicadas aseguraron que operaban desde sus hogares y que no contaban con la formación necesaria para trabajar con anatomía masculina. Muchas de ellas, además, pertenecían a comunidades migrantes y expresaron sentirse intimidadas por el proceso legal, al punto de verse forzadas a cerrar sus pequeños emprendimientos.
Lejos de quedar ahí, la figura de Simpson continuó generando titulares. En años posteriores, presentó reclamos contra diversos organismos y servicios, incluyendo concursos de belleza, la policía local y hasta el departamento de bomberos de Langley, al que contactó repetidamente con solicitudes de asistencia sin que existiera una emergencia real, según informes oficiales. Estas llamadas provocaron una advertencia formal por parte del municipio, donde se le indicó que su comportamiento no sería tolerado en el futuro debido a su impacto sobre el personal de emergencia.
El caso más reciente que volvió a ubicar a Simpson en el centro de la discusión tuvo lugar cuando denunció a una clínica ginecológica, alegando que fue rechazada por ser trans. Según sus declaraciones, al intentar acceder a una consulta, se le habría informado que no atendían a pacientes transgénero. Ella manifestó sentirse «dolida y confundida» y procedió a etiquetar en redes sociales al Colegio de Médicos y Cirujanos de Columbia Británica (CPSBC), cuestionando si esa negativa era legal.
Aunque Simpson afirmó posteriormente que el CPSBC le había dado la razón, no se registraron avances formales en el caso desde que se presentó la denuncia en 2019. La institución médica no emitió una resolución pública al respecto, y el episodio sigue generando debate sobre los límites de la atención médica especializada.
Diversas voces del ámbito sanitario han aclarado que la atención ginecológica se basa en la anatomía, no en la identidad de género. Esto significa que los procedimientos y tratamientos se asignan de acuerdo a los órganos y estructuras físicas del paciente, y no todas las personas trans requieren atención ginecológica, salvo que hayan completado una cirugía de reasignación y se les haya creado una neovagina.
El caso ha provocado una gran división de opiniones. Mientras algunas personas consideran que la negativa a tratar a Simpson constituye una forma de discriminación, otros argumentan que se trata de un tema de competencia médica y seguridad clínica. En cualquier caso, la historia sigue siendo un reflejo de los complejos desafíos que enfrenta la sociedad en la búsqueda de equidad, inclusión y profesionalismo.
¿Hasta qué punto debe adaptarse el sistema de salud a la identidad de género? La discusión está abierta.
